Lun 25 Junio 2007
¿Deben los Ayuntamientos disponer de redes WiFi gratuitas para el ciudadano?
Actualmente es ilegal que los Ayuntamientos de España construyan redes WiFi sin coste para los ciudadanos. Se argumenta que el uso de dinero público (tuyo y mío) para este fin compite de forma desleal con las operadoras de telecomunicaciones.
Izquierda Unida acaba de presentar una enmienda a la LSI (que regula esta normativa) para permitir que los Ayuntamientos regalen Internet a sus ciudadanos.
El tema es espinoso. Como ya me habéis oido decir muchas veces, las redes WiFi son tremendamente económicas de desplegar (relativamente). Además presenta multiples utilidades a los Ayuntamientos, que pueden usar parte de una red inalámbrica urbana para control de tráfico, medioambiente, obras,… y ofrecer el ancho de banda que les sobra a los ciudadanos. Ambas cosas prácticamente al mismo precio.
Son ya unos cuantos los municipios que tienen cobertura WiFi de una u otra forma.
El problema es ¿en que punto se pasa de servicio al ciudadano a competencia desleal?
¿Cuantos libros han impedido vender las bibliotecas?
¿Cuántos cibercafés han cerrados las mediatecas?
¿Compensa esa falta de ventas los beneficios derivados de la mejora cultural del ciudadano?
¿Hasta que punto puede un Ayuntamiento defitario aumentar sus deudas gastando en redes WiFi?
Personalmente creo que el acceso a Internet debería ser universal y facilitarse lo máximo posible. La diferencia de una ciudadanía inmersa en la red de otra ajena a ella supondrá, con el tiempo, la misma diferencia que una comunidad analfabeta de una formada y con acceso a bibliotecas.
Lo que no me parece tan de recibo es solicitar licencias y obligar a inversiones a empresas proveedoras de Internet para, una vez que los costes son asumibles, competir con ellas. No estoy hablando de simpatías con los operadores, sino de un simple tema ético. O puede que mañana los ayuntamientos decidan empezar a vender cafés a 80 céntimos, hacer hoteles con habitaciones de 30 €…
Creo que una solución salomónica podría aplacar el problema. Una posible salida sería permitir a los Ayuntamientos la posibilidad de dar acceso a Internet únicamente para servicios básicos, tales como página web y correo electrónico, impidiendo la voz sobre ip, juegos online,… Esta limitación, junto con la diferencia de velocidad, podría cubrir las necesidades de miles de usuarios nacionales, mientras que otros seguiríamos pagando nuestra conexión para acceder a mejoras.
Lo que sin duda sucederá es que, pese al acierto de Izquierda Unida en la solicitud, los partidos mayoritarios rechacen la enmienda influenciados por las grandes empresas que controlan las operadoras. Quien siga pensando que estamos en una democracia debería mirar un poco a su alrdedor.
